EL HOMBRE QUE MIRA

El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, al que acusa de organizar el genocidio de Darfur. Es la primera imputación contra un jefe de Estado en ejercicio, en esta ocasión por un conflicto olvidado que dura ya cinco años y que ha provocado más de 300.000 muertos y cerca de tres millones de desplazados. El fiscal jefe Luis Moreno Ocampo ha acusado al mandatario africano de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero el Gobierno de Jartum, como era de esperar, ni reconoce la autoridad del TPI ni parece importarle un carajo la situación.

Mientras, la catástrofe humanitaria sigue su curso ante un mundo impasible y la impunidad reina en un continente que se desangra por las incontables heridas infligidas por dirigentes atroces que avergüenzan la dignidad humana. En el caso que nos ocupa, la base de todo está en la feroz represión llevada a cabo por una férrea dictadura militar musulmana contra la minoría cristiana de Darfur, que sufre políticas de exterminio respaldadas por potencias como Rusia y China, ávidas del petróleo que atesora el subsuelo sudanés. Organismos como la ONU, la Unión Africana y la Liga Árabe han vuelto a mostrar su inoperancia, la misma que agrava la tragedia en Ruanda, Somalia, Uganda, Chad, Burundi, República Democrática del Congo, Liberia, Guinea Ecuatorial y Zimbabue , por citar tan sólo los ejemplos más sonados.

África, inmenso vivero de desgracias, está abandonada a su suerte y los mecanismos internacionales, esos que dicen velar por los derechos humanos, están fracasando de forma estrepitosa. Hace tiempo que la comunidad internacional debería haber intervenido en Darfur para proteger a una población que es agredida por su propio Estado. Por tanto, es necesario desarrollar una estrategia que garantice que nadie está por encima de la ley, porque sólo así repararemos en parte la maltrecha imagen de la Justicia alrededor del planeta.

Ayer concluyó en Madrid la Conferencia Mundial para el Diálogo en la que líderes musulmanes, judíos y cristianos, así como de muchos otros credos, buscaron vías para fomentar el entendimiento mutuo entre religiones. Pero hablemos claro. Este encuentro interreligioso ha sido una farsa, un camelo y un insulto a la inteligencia.

¿Cómo es posible que gente como Abdalá bin Abdelaziz al Saud, monarca de Arabia Saudí, nos hable de moderación, respeto, tolerancia y pérdida de valores cuando en su país ser sorprendido con una Biblia puede acarrear la muerte, la cárcel o la deportación? Tanta hipocresía me tiene perplejo. La presencia en España del rey saudí resulta irritante por cuanto ha venido a hacernos comulgar con ruedas de molino desde su desfachatez y su cinismo. La realidad de Arabia Saudí, una nación de la que se ha extirpado hasta la más mínima manifestación de libertad, hace enrojecer de vergüenza a cualquier persona con dos dedos de frente.

En el país arábigo se confiscan, profanan y queman biblias, se encarcela a judíos y cristianos, se califica de pervertidos a quienes se salen de la fe musulmana, la mujer está sometida al hombre y es imposible construir templos de culto no musulmán. Por eso, oír al monarca hablar de diversidad, de ponderación, de diálogo constructivo y de reconciliación es una broma de pésimo gusto.

Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía entregaron ayer a Adolfo Suárez el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro en una ceremonia privada celebrada en el domicilio del primer presidente de la democracia, enfermo de alzheimer desde hace años. Lo tardío de la condecoración demuestra que España premia muy mal a sus personalidades más destacadas. Honrar a quienes han sobresalido por sus servicios a la sociedad, a la ciencia o a la cultura es poco frecuente en un país donde predomina la envidia cuando no la mezquindad más aviesa.

Suárez ha tenido la desgracia de ser español, porque si hubiera sido francés o británico hace tiempo que habría sido distinguido con la Legión de Honor o la concesión del título de Sir, pero los españoles somos reacios al arrumaco y no digamos ya a reconocer los méritos y la valía del prójimo. Antes muertos. En el caso que nos ocupa la dilación en el reconocimiento ha resultado excesiva. Llega tarde, mal y, por poco, nunca.

Sigue habiendo grandes ausencias en la lista de distinguidos, pero confío en que la brecha abierta involuntariamente por Don Adolfo convierta el premiar en un hábito suficientemente normal y frecuente como para no abrir portadas. A quienes se lo merezcan, claro está, porque tan malo es el cuentagotas como el manguerazo indiscriminado de honores.

Pasados dos años de la fracasada guerra de Israel contra las milicias de Hezboláh en Líbano, los cuerpos sin vida de los soldados israelíes secuestrados Eldad Regev y Ehud Goldwasser han regresado a su tierra, pero a cambio de la entrega de los restos de casi doscientos libaneses y de la liberación de cinco presos con repugnantes delitos de terrorismo a sus espaldas. Tan desigual canje evidencia el triunfo de Hasan Nasrallah, líder de la resistencia libanesa y héroe para gran parte de un mundo musulmán que ahora puede alardear de haber derrotado a uno de los ejércitos más preparados del planeta.

Israel ha abdicado de sus principios y los terroristas han comprobado cuán vulnerable es el Gobierno de Ehud Olmert al secuestro. El silogismo es fácil: si queremos liberar a nuestros hombres todo lo que tenemos que hacer es secuestrar israelíes. Durante décadas los árabes han tratado de acabar con la existencia del Estado de Israel mediante una derrota militar o practicando el terror, pero sólo consiguieron desprestigiar la causa nacional palestina. Ahora, sin embargo, han descubierto cómo golpear y hacer pupa vía secuestro a su ancestral enemigo. Israel, con un presidente acusado de corrupción, un Ejecutivo impopular y un parlamento de precario equilibrio, vive tiempos difíciles, inciertos y humillantes.

El islamismo emerge con fuerza, Siria aumenta su influencia en la región, Líbano testimonia la crónica de un fracaso e Irán, con un Mahmud Ahmadineyad que fantasea con un Tel Aviv en llamas, persiste en su amenaza nuclear. El Gobierno hebreo no ha respondido a la provocación, pero las espadas quedan en alto para la vuelta del verano. Jerusalén estudia liquidar las instalaciones nucleares de un Irán fanatizado y quizá esté esperando una señal desde Estados Unidos para atacar al sátrapa persa antes de que un nuevo inquilino ocupe la Casa Blanca.

La suspensión de pagos o concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa viene precedida de la negativa de diversas entidades bancarias a conceder un crédito de 150 millones de euros a la constructora presidida por Fernando Martín, quien se ha visto forzado a echar el cierre por no poder hacer frente a las obligaciones financieras más urgentes. Aparte de los efectos económicos evidentes, la cara más amarga del suceso es la de novecientas personas cuyos puestos de trabajo peligran y a ello hay que sumarle las subcontratas, los empleos indirectos, la paralización de obras y la delicada situación en que quedan quienes adquirieron una vivienda a Martinsa que aún se halla en construcción pero por la que ya han hecho un desembolso inicial.

El que una de las principales constructoras españolas con más suelo disponible y mayor proyección internacional suspenda pagos, es revelador de hasta qué punto es grave lo que se nos viene encima. Se acabaron los juegos semánticos y la realidad llama a nuestra puerta, dibujando un panorama truculento.

Es momento de que el Gobierno ofrezca respuestas e introduzca en su agenda los asuntos que verdaderamente nos preocupan. Espero que el encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy del próximo 23 de julio sirva para poner sobre la mesa soluciones al descalabro español y no para que dos señores encantados de conocerse y pagados de sí mismos se hagan la foto estéril de todos los años.

Hace unas semanas estalló el debate entre la ministra Aído, la vicepresidenta Fernández de la Vega y el ministro Bermejo sobre el uso del velo y el derecho de las mujeres a llevarlo o no. El problema no es si una mujer musulmana lleva o no velo, sino si lo lleva porque quiere o porque está obligada. Si nos decantamos por la consigna de lo políticamente correcto diremos que se trata de una tradición cultural que hay que respetar, pero como servidor no se caracteriza precisamente por su corrección progre diré que la perspectiva multiculturalista debe someterse al imperio de la ley, pues sólo así, en la medida en que compartimos derechos y deberes comunes, somos ciudadanos.

Por mucho que nos empeñemos en minimizar el asunto es evidente que existe una relación conflictiva entre los musulmanes y la democracia. Ocurre en toda Europa que una parte de la comunidad musulmana no quiere integrarse y se acoge para ello al respeto a sus características culturales, a pesar de que éstas, en ocasiones, violen la ley. Muchos, con su buenismo, caen en un juego que sólo favorece a unos radicales que, envalentonados, atentan contra la convivencia pacífica y hacen flaco favor a los musulmanes que de veras buscan integrarse en nuestras sociedades. Hay gobernantes que por no complicarse la vida dejan que la Ley Coránica invada cada vez más espacios, pero lo sensato no es evitar los problemas hasta que se conviertan en inmanejables, sino atajarlos a tiempo con la fuerza de los principios democráticos.

Los derechos de una musulmana a vestir con o sin velo no deberían proceder de su condición de musulmana o de mujer sino de su libertad para escoger y de su responsabilidad individual. O las cosas cambian o mucho me temo que la islamofobia se irá extendiendo como la pólvora por todo Occidente, sembrando un caldo de cultivo idóneo para la reproducción de agresiones xenófobas, tal y como ya ocurriera en la localidad almeriense de El Ejido hace ocho años.

El etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, con veinticinco asesinatos a sus espaldas, saldrá de la cárcel en apenas tres semanas. Sólo ha cumplido veintiuno de los 3.000 años de prisión a los que fue condenado y es por eso que su puesta en libertad, reflexiones jurídicas al margen, es un hecho infamante. La lógica no comprende cómo alguien que celebra los atentados con champán y langostinos pueda volver a pisar la calle sin haber pedido perdón a las víctimas, sin haber resarcido económicamente sus daños y sin pruebas de estar reeducado para la convivencia pacífica. Es evidente que el artículo 25 de la Constitución española, aquel que reza que las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social, no se cumple en el caso de un asesino múltiple que no sólo no muestra arrepentimiento por sus fechorías sino que además se enorgullece públicamente de sus crímenes.

No se ha hecho justicia y la legislación vigente no da para más, lo que provoca una nueva quiebra de confianza ciudadana hacia el Estado de Derecho y los poderes públicos. Nuestro anticuado sistema de beneficios penitenciarios, excesivamente obsequioso con el delincuente, explica la excarcelación de De Juana, a quien por desgracia no se le pudo aplicar la doctrina Parot, el único avance que se ha producido en materia de leyes antiterroristas desde 2004. El Gobierno sigue a por uvas y aún no ha incorporado esta doctrina jurisprudencial al Código Penal.

El momento actual, con un Arnaldo Otegi que también está a punto de abandonar la cárcel de Martutene, es propicio para que PP y PSOE retomen la colaboración en la lucha contra el terror y acometan las reformas que demanda nuestro tarado sistema penal, el cual ha perdido capacidad intimidatoria frente al malhechor. Suena a viejo y a tópico gastado, pero hay que incidir una vez más en la necesidad de recuperar el consenso antiterrorista, aquel que arrincone a los canallas y los conduzca a su extinción.

Las constantes subidas del precio del petróleo están revolucionando la economía mundial y esto no ha hecho más que empezar. A 200 dólares el barril, como pronostican algunos expertos para fin de año, podría decirse que la era del crudo barato ha concluido. El panorama, realmente, no pinta nada bien y los malos augurios se reproducen a velocidad de vértigo. Si el precio del oro negro sigue subiendo muchas cosas van a cambiar, porque al enorme reto de satisfacer la demanda sin precedentes encabezada por China e India, hay que añadir las amenazas para el suministro, el incremento de los conflictos, la caída de la inversión y la disminución de las reservas petrolíferas.

Hay quienes celebran los altos precios de los carburantes como forma de inducir a la conservación de la energía y luchar contra el cambio climático, pero lo cierto es que el futuro se presenta sombrío para todos excepto para los autócratas petroleros de Irán, Venezuela y Rusia, que harán del petróleo fuente de chantaje y coacción para los países energéticamente más dependientes. Hemos sido expulsados del paraíso y, caídos de la nube, ni siquiera Estados Unidos se ha librado, lo que altera el equilibrio de poder mundial a favor de Oriente Próximo, uno de los mayores productores de petróleo. Los nuevos centros financieros se trasladarán a las estepas siberianas, Asia, Iberoamérica y al Golfo Pérsico, y aumentará el porcentaje de guerras en países con reservas y se derramará más sangre en los mercados emergentes.

La riqueza petrolera, asentada en un recurso finito, causa estragos, agrava los problemas étnicos y alimenta la insurgencia. Mientas tanto, aquí, en esta España nuestra a la que ya no conoce ni la madre que la parió, en esta España que nunca se ha preocupado de invertir en tecnologías eficientes y en buscar nuevas fuentes de energía, somos especialmente vulnerables a la dictadura de los precios de la gasolina, hasta tal punto que la bicicleta pasará de simbolizar la vida saludable a ser el vehículo de los parias.

“La recuperación de Ceuta y Melilla es un derecho histórico de Marruecos”. Son las palabras con las que el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, recibió ayer a Zapatero en la localidad magrebí de Uxda. Toda una declaración de intenciones que demuestra que el Gobierno alauita del rey Mohamed VI no está dispuesto a renunciar a la marroquinidad sobre ambas ciudades.

El reino alauí, que aún se siente agraviado por el recuerdo de episodios como el de la isla de Perejil y la visita de los Reyes de España a tierras ceutíes y melillenses, está pisando a fondo el acelerador de las reivindicaciones y no piensa levantar el pie hasta que nuestro claudicante presidente se preste a negociar, de espaldas a la Constitución, el futuro de las dos plazas españolas. En la agenda de discusiones también ha estado presente el eterno conflicto entre saharauis y marroquíes en torno al Sáhara Occidental, cuestión en que cualquier entendimiento político, diplomático o militar parece completamente imposible.

Para Marruecos la solución pasa por la sumisión de los independentistas a la monarquía y al Estado alauitas, mientras que los saharauis apuestan desde 1976 por la celebración de un plebiscito de autodeterminación que elija entre la adhesión al reino o la creación de un Estado emancipado. Fracasadas todas las negociaciones, la escalada de tensión entre las Fuerzas Armadas Reales y el Frente Polisario, en tregua desde el año 1992, va en aumento y pocos dudan ya de que la sangre volverá a correr por los desiertos. Suenan tambores de guerra y el estallido de la situación, si los países amigos y vecinos no lo remedian, es inminente.

La ola opositora a Evo Morales amenaza con sepultar al presidente de Bolivia. De los nueve gobernadores del país, siete están en su contra y desde que Santa Cruz abrió la veda, los departamentos de Bendo, Pandi y Tarija han aprobado su autonomía respecto al Gobierno central. Y todo esto a un mes de que el mandatario boliviano someta su continuidad en el poder a un referéndum popular. El próximo 10 de agosto saldremos de dudas y comprobaremos cuánto ha dado de sí el discurso indigenista del señor de los jerseys, cuyos argumentos populistas de pobres contra ricos han entrado en retroceso.

Morales, tras dos años en la presidencia del país andino, ha agotado el crédito, la popularidad y el cariño con que las clases más desfavorecidas le auparon a lo más alto. La decepción cunde entre la población indígena, cansada ya de escuchar relatos para no dormir sobre oligarcas de tez blanca que sólo aspiran a enriquecerse a costa de los desheredados y que no se traducen en una mejora real de sus paupérrimas condiciones de vida.

Ahora, cuando Evo está a un paso de engrosar la amplia nómina de estadistas latinoamericanos efímeros, surge con fuerza la figura de Savina Cuéllar, una mujer indígena de extracción humilde que ha cosechado una sonora victoria electoral en la región de Chuquisaca. Cuéllar representa una gran esperanza más que, acostumbrados como estamos al desengaño, en breve será una gran esperanza menos.