Pronto estará en la calle

 

El etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, con veinticinco asesinatos a sus espaldas, saldrá de la cárcel en apenas tres semanas. Sólo ha cumplido veintiuno de los 3.000 años de prisión a los que fue condenado y es por eso que su puesta en libertad, reflexiones jurídicas al margen, es un hecho infamante. La lógica no comprende cómo alguien que celebra los atentados con champán y langostinos pueda volver a pisar la calle sin haber pedido perdón a las víctimas, sin haber resarcido económicamente sus daños y sin pruebas de estar reeducado para la convivencia pacífica. Es evidente que el artículo 25 de la Constitución española, aquel que reza que las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social, no se cumple en el caso de un asesino múltiple que no sólo no muestra arrepentimiento por sus fechorías sino que además se enorgullece públicamente de sus crímenes.

No se ha hecho justicia y la legislación vigente no da para más, lo que provoca una nueva quiebra de confianza ciudadana hacia el Estado de Derecho y los poderes públicos. Nuestro anticuado sistema de beneficios penitenciarios, excesivamente obsequioso con el delincuente, explica la excarcelación de De Juana, a quien por desgracia no se le pudo aplicar la doctrina Parot, el único avance que se ha producido en materia de leyes antiterroristas desde 2004. El Gobierno sigue a por uvas y aún no ha incorporado esta doctrina jurisprudencial al Código Penal.

El momento actual, con un Arnaldo Otegi que también está a punto de abandonar la cárcel de Martutene, es propicio para que PP y PSOE retomen la colaboración en la lucha contra el terror y acometan las reformas que demanda nuestro tarado sistema penal, el cual ha perdido capacidad intimidatoria frente al malhechor. Suena a viejo y a tópico gastado, pero hay que incidir una vez más en la necesidad de recuperar el consenso antiterrorista, aquel que arrincone a los canallas y los conduzca a su extinción.